Durante la Audiencia de Rendición de Cuentas 2024, realizada el pasado 22 de febrero de 2025, el alcalde Leonardo Donoso se pronunció nuevamente reclamando la prestación adecuada del servicio de energía domiciliaria de Enel Colombia y solicitó de manera reiterada que la empresa asuma la responsabilidad por los daños causados a más de 580 usuarios de Chía.

“Ellos vienen a apropiarse de la infraestructura que hicieron los comunales, los municipios y la CAR, y ellos (Enel Colombia), de manera arbitraria comenzaron con un monopolio a prestar el servicio, y cualquier intervención que hagamos… como ampliar una vía, tenemos que pagarle por cada poste 20 millones de pesos, sabiendo que ellos están usurpando el espacio público”, indicó el mandatario de Chía.

Donoso agregó que la multinacional cobra por llevar las redes de fibra óptica, por la instalación de cámaras de vigilancia, por la instalación del alumbrado público y, “…cuando ellos dejan de prestar el servicio, o cuando hay un corte, o cuando dejan dañar los electrodomésticos, pasan horas enteras y nadie responde en Enel Codensa”.

“Venían prestando de manera deficiente el servicio del alumbrado público, me tienen demandado y estamos en el Consejo de Estado en un debate en el que hoy me cuestionan, y estamos luchando por eso, porque le quitamos el monopolio de un negocio que estaban rentando en más de 14 mil millones al año sin devolverle un peso al municipio”, manifestó el primer mandatario.

“Había luminarias de 25 años de antigüedad, y ellos simplemente se llevaban la plata y no retribuían nada al municipio, y cuando le quitamos el ´chorro´ me demandaron, cuando dejé de pagar la alcahuetería por lo que es de nosotros. Es que se llevan de acá más de 20 mil millones de pesos al mes, y nos quieren cobrar por instalar una cámara, que es un beneficio para nosotros mismos”, puntualizó el alcalde.

Más contexto sobre el servicio de energía en Chía

El alumbrado público de Chía nació con rifas, bazares y encuentros que hacían las Juntas de Acción Comunal en las que poco a poco fueron consiguiendo postes, luminarias y las Unidades Constructivas de Alumbrado Público, UCAPS.

La Empresa de Energía Eléctrica de Cundinamarca a finales de los años 90 le vendió a Codensa todos los derechos de alumbrado público incluidos los UCAPS, con un inventario mal realizado, ya que desconoció las obras y adquisiciones que adelantaron los comunales años atrás y desde ese momento pasaban al control de Codensa.

En el año 2003 la empresa en mención adquirió la operación del alumbrado público y domiciliario de Chía, a través de un convenio de 15 años, tiempo en el cual no hizo actualización, expansión ni modernización, destinando su actividad a la comercialización de energía.

A pesar de vender únicamente energía, con la celebración de un convenio, la empresa le impuso por 15 años a los usuarios el cobro del arriendo de postes y luminarias en las facturas, argumentando que estos eran de propiedad de la misma y desconociendo el origen de una infraestructura ´levantada con las uñas´ por los comunales.

Ante esto, el municipio solicitó a Codensa las facturas de las supuestas compras de la infraestructura que originalmente fue adquirida por los comunales, y por supuesto, nunca las allegaron por no existir, es así como el alcalde de su momento, Leonardo Donoso en su primer mandato planteó otras alternativas para implementar el alumbrado público en Chía.

En ese año 2018, una vez se aproximaba la finalización del contrato entre Codensa y Chía, la Alcaldía del municipio abrió una licitación pública, en la que incluso la misma Codensa se presentó junto con otras más y el resultado del proceso, dio como adjudicataria a la empresa, Iluminaciones de La Sabana, con el contrato 635, el cual le obliga a la empresa la prestación del alumbrado público y navideño.

¿Qué encontró la nueva empresa de alumbrado público?

La empresa Iluminaciones de La Sabana encontró, en principio, una infraestructura antigua y en su mayoría obsoleta, que incluso atentaba en contra de la salud individual y colectiva; y adicionalmente, esa condición de obsolescencia, produjo costos exagerados en el servicio de energía y un uso ambientalmente nocivo del recurso energético.

Según la Dirección de Servicios Públicos de Chía, adscrita a la Secretaría de Planeación del municipio, la nueva empresa (Iluminaciones de La Sabana) informó a la administración, que desde el año 2018, se hicieron hallazgos de luminarias de 25 años, cuando la ley permitía hasta un máximo de 15 años de vida útil, aspecto que fue conocido por la Procuraduría General de la Nación, así como, los informes que demostraban que un 95% de luminarias eran hechas en sodio, aspecto que va en contra de la salud humana.

Ante este panorama y cumpliendo con la regulación específica del Ministerio de Minas y Energía y las exigencias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, la empresa ganadora del proceso se acogió a los lineamientos, especialmente los contenidos en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, RETILAP de la CREG.

Cumpliendo con dichas especificaciones del RETILAP, se instalaron las nuevas luminarias tipo LED, aspecto que redujo radicalmente los costos en el alumbrado público, pasando de 425 millones de pesos mensuales bajo el sistema de Codensa a 155 millones con Iluminaciones de La Sabana.

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Adicionalmente, se precisó que el sistema de monopolio de Codensa, nunca contó con un mecanismo de medición exacto de la energía domiciliaria que comercializa, razón por la cual implementan fórmulas de promedios de consumo en rangos de tiempo, aspecto que, hasta el día de hoy, febrero de 2025, aún no ha subsanado.

Ante lo anterior, el municipio solicitó a Codensa aplicar un sistema exacto de medición en los transformadores de energía de Chía, en beneficio de los más de 50 mil usuarios que pagan su servicio público domiciliario, y la respuesta de la hoy multinacional, fue declinar de la misma.

Por su parte, la interventoría a la empresa Iluminaciones de La Sabana, realizada mediante el contrato 636 de 2018 a cargo de la Empresa Tecnochía, la cual también adquirió mediante licitación publica el contrato, recomendó al municipio no hacer los pagos a Codensa por el uso de los postes que sostienen el alumbrado público, por no existir ninguna relación contractual de Chía con esa empresa.

Sin embargo, para garantizar la transparencia de los recursos, el municipio solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos, activar una cuenta a nombre de Chía, en la que la entidad territorial le deposita el promedio del costo por el uso de infraestructura para hacer un uso responsable del recurso mientras se determina en un proceso administrativo (en curso) a quién se le debe pagar.

Cabe mencionar que a través de Resolución 325 – 002477 de 28 de febrero de 2022 de la CREG, se aprobó el proceso de fusión entre las empresas Emgesa S.A. ESP, Codensa S.A ESP, Enel Green Power Colombia S.A.S. ESP y ESSA2 SpA y filiales en Centroamérica bajo la única sociedad ENEL COLOMBIA S.A.

Las quejas de los usuarios de Chía contra Enel Colombia

Según el reporte más reciente de la Dirección de Servicios Públicos de la Secretaría de Planeación de Chía, las quejas radicalmente formalmente ante la multinacional por la mala prestación del servicio de energía domiciliario, ascienden a más de 580 desde el año 2019 hasta el mes de febrero del año 2025.

Estas quejas en su mayoría se asocian a pérdida total o parcial de electrodomésticos y los efectos de los cortes de energía sobre comercios, hogares, y empresas prestadoras de servicios de tecnología o escenciales como la salud.

Según el mismo reporte el año 2019 se presentaron 3 quejas; en 2020, 42; 2021, 147; 2022, 201; 2023, 96; 2024, 80 y 2025, 18, dado un total de 587.
Cabe mencionar que las obligaciones puntuales de Enel Codensa en Chía son prestar el servicio domiciliario de energía y el mantenimiento de redes de alta y media.

Sin embargo, el comportamiento de esa multinacional ha ido en reversa de los intereses de miles de usuarios no sólo de Chía sino de la gran mayoría de los municipios de Cundinamarca.

Ante esa situación desde la Cámara de Representantes, la empresa ha sido citada a debates de control político con el fin de exigir al Ministerio de Minas y Energía y las superintendencias inmersas en la vigilancia del sector minero y energético.