En el marco de la construcción del Plan de Desarrollo, se llevó a cabo la mesa de Plan de Ordenamiento Territorial, POT, en la que asistieron el alcalde Leonardo Donoso, los secretarios de despacho, asesores, veedores ciudadanos, concejales, ambientalistas, constructores y expertos en manejo de hábitat y ordenamiento territorial, quienes luego de una disertación técnica y política acompañarán al alcalde Donoso para definir un plan concertado privilegiando el futuro del municipio, el espacio público y el medio ambiente.

Para Donoso el POT debe ser esa carta de navegación para los próximos años, pero reconoció el gran talón de Aquiles, y es el limbo jurídico en el que se encuentra el ordenamiento territorial del municipio, ya que en abril de este 2024 se cumplen 5 años en que no hay decisión en primera instancia sobre la demanda al POT del 2016, más conocido como el Acuerdo 100.

La demanda del Acuerdo 100, generó una decisión de la justicia de congelar sus efectos sobre el municipio y de esta forma quedó en vigencia el POT del año 2000, aspecto que ha traído consecuencias perjudiciales al estar 24 años desactualizado, no solo el ordenamiento territorial, sino las condiciones socio económicas y aspectos fundamentales como el catastro municipal y las disposiciones de espacio público ante el acelerado crecimiento demográfico.

Sin embargo, y luego de un conflicto de veedores y ambientalistas en oposición de las posturas del alcalde Leonardo Donoso, se concertó sentar a todas los involucrados para construir un nuevo acuerdo conjunto que determine una nueva hoja de ruta privilegiando especialmente, el espacio público, el medio ambiente y la limitación de las zonas de expansión.

Así las cosas, el demandante del Acuerdo 100, y aquellas fuerzas que acompañaron el proceso decidieron que, ante el panorama actual del proceso, lo mejor para el municipio es formular salidas urgentes ante la demora de la justicia en una decisión de fondo.

En palabras del alcalde Donoso hay tres escenarios actuales, el primero, es que el Juez ratifique la suspensión del Acuerdo 100 y en ese caso el municipio debe obligatoriamente apelar a una segunda instancia y la prolongación del limbo jurídico sería inevitable; el segundo escenario, es que el juez legalice el Acuerdo 100 lo que promovería la apelación a segunda instancia del demandante, postergando en tiempo la situación adversa que hoy vive el municipio; y el tercero, que continúe la demora de una decisión de fondo, ocasionando la misma demora que ha afectado por más de 24 años a Chía.

Los tres escenarios descritos tienen un agravante y es que la Corporación Autónoma Regional, CAR, ha manifestado que no le permitirá a Chía concertar un nuevo POT hasta que la justicia tome una decisión de fondo, dejando en manos de la misma, el futuro de más de 200 mil habitantes que hoy residen en el municipio.

Así pues, este nuevo rumbo ha fijado un camino que en principio está determinado por la confianza mutua de los involucrados y la ponderación del interés común sobre cualquier pretensión económica de los constructores y otros actores empresariales y políticos.

En principio, el Concejo deberá radicar un acto jurídico que derogue en el ordenamiento jurídico interno el Acuerdo 100, posteriormente, si el fallo ratifica la suspensión, el municipio no apelaría y podrá proponer otro POT con nuevos lineamientos acordes a la situación actual de Chía, y, por último, si la justicia declara favorable el Acuerdo 100, el demandante no apelaría y a ese acuerdo, se le realicen las modificaciones que en algún momento motivaron la actual demanda.

Esas modificaciones saldrán de las voluntades concertadas de la mesa en la que harán parte los veedores ciudadanos, concejales, ambientalistas, constructores, expertos y la Administración Municipal, dicha mesa incluye las fuerzas políticas del demandante del Acuerdo 100, José Antonio Parrado, al propietario de los lotes en conflicto alrededor de la Troncal de Los Andes, Mauricio Mustafá y los ambientalistas que motivaron la misma suspensión de la troncal y la oposición al mencionado Acuerdo 100.

La mesa quedó conformada de la siguiente forma: en representación del municipio, la Oficina de Defensa Judicial y el director de la Oficina de Ordenamiento Territorial; un delegado del Consejo Territorial de Planeación; José Antonio Parrado como demandante del POT, un delegado de las veedurías ciudadanas, un representante del concejo municipal, y se solicitó que el concejal Edwin Fuentes, esté en representación de la oposición como segunda mayor votación.
Adicional a ello se solicitó que en representación del Ministerio Público esté el personero municipal; y además el señor Mauricio Mustafá.
También habrá en la mesa un delegado de las asociaciones de vivienda, de las inmobiliarias y finalmente, un delegado de las Juntas de Acción Comunal.

Por su parte el alcalde Donoso manifestó su intención de darle la participación total a la sociedad civil, absteniéndose de participar directamente en la mesa, “es la mejor oportunidad de tener una concertación amplia y ciudadana por el bien de nuestro municipio”, finalizó.