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Como ha venido sucediendo en los recientes días la Administración Municipal en alianza con Migración Colombia y la Policía Nacional le ponen, de manera intensificada, la lupa a los ciudadanos extranjeros que residen y laboran en Chía.

Así las cosas la ciudadanía deberá tener en cuenta que como comerciantes y/o arrendadores no podrán tener a extranjeros laborando en sus establecimientos o viviendo en sus hogares sino cumplen con la documentación exigida por la ley como es el Permiso Especial de Permanencia (PEP) cuya validez no debe superar los dos años a partir de la fecha de expedición, además de su documento de identidad original y la visa de trabajo. Cabe anotar que dicho permiso es expedido por la Cancillería cuyas ofciinas están en Bogotá.

De no cumplir con estos requisitos, tanto comerciantes como arrendadores, se verán enfrentados a sanciones entre ellas el pago de multas de hasta de $7.900.000.

Además se debe tener en cuenta que tanto arrendadores como comerciantes que contraten o arrienden a extranjeros deben reportarlos al Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros (SIRE) con el fin de que Migración Colombia tenga el registro pertinente para los beneficios a los que pueda acceder el extranjero.

De la misma manera se estableció entregar un reporte a Migración Colombia de los extranjeros reincidentes en delitos o quienes hayan sido conducidos al Centro de Traslado por Protección del Municipio(CTP) con el fin de que se realice el proceso debido de deportación.
Es de anotar que en los cinco meses que van de este 2019 ya han sido llevados al CTP 136 extranjeros, lo que quiere decir un crecimiento del 100% frente a lo sucedido en el 2018.

Así las cosas se dará inicio a una fuerte operatividad en lo que resta del año con la presencia del alcalde Leonardo Donoso, secretaría de Gobierno, Migración Colombia, Ejército Nacional, Policia Nacional, Fiscalía y Personería.

Por ahora, y luego de un consejo de seguridad extraordinario ordenado por el alcalde Leonardo Donoso se tomaron algunas medidas como el control a las ventas informales de extranjeros al igual que requisas para verificar documentación.

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