Ante las protestas que llevaron a un bloqueo sobre la Avenida Pradilla por más de 120 ciudadanos que invirtieron en un proyecto de vivienda de interés social en Chía, conocido como “Villa Mercedes”, que se vendió como una de las metas del Plan de Desarrollo del ex alcalde Luis Carlos Segura en el año 2023 y que hoy no goza de viabilidad jurídica, y además tiene serios inconvenientes económicos, llevó al actual alcalde Leonardo Donoso a instalar una mesa de diálogo, que permitió en menos de 25 minutos el desbloqueo de la principal vía del municipio.

Estos ciudadanos fueron citados por el mismo Donoso a una reunión en el auditorio Zea Mays con la salvedad que, únicamente ingresaban aquellos afectados directos del proyecto de Luis Carlos Segura, ya que por respeto y confidencialidad de su situación financiera debían ser escuchados de manera personalizada por el Personero Municipal, los funcionarios de la Administración Donoso, y el interventor del proyecto, también citado por el primer mandatario del municipio.

Los afectados del proyecto agradecieron la celeridad de la reunión y manifestaron sus opiniones de manera libre y autónoma ante el alcalde que tomó nota atenta de las peticiones.

La principal solicitud de los afectados es la culminación del proyecto tal y como lo prometió la administración Segura, sin embargo, la administración del actual alcalde Donoso, quien desde el mismo proceso de empalme evidenció que el proyecto no era viable y dejó las respectivas observaciones, debido a que el mismo no contaba con la legalidad para estructurarse.

El primer aspecto que es fundamental para estructurar proyectos de Vivienda de Interés Social es que la entidad territorial, en este caso Chía, constituyera un contrato de fiducia entre el municipio y un banco, fiducia que nunca existió, adicionalmente, el terreno, que se supone debía ser el subsidio entregado por el municipio a los beneficiarios, debía surtir un proceso en el Concejo Municipal y dicha Corporación al notar ya unos hechos cumplidos negó la solicitud del proyecto de acuerdo para que el lote fuera entregado a título de donación.

A pesar de la negativa del Concejo Municipal, el gerente del Instituto de Desarrollo Urbano y de Vivienda de ese entonces, Educardo Espinosa Palacios, inició una convocatoria para que los beneficiarios le consignaran directamente a la constructora Urbacol, encargada de construir el proyecto en un predio del municipio, sin fiducia, sin autorización de entrega del terreno y con una constructora que le adeudaba por concepto de cesiones tipo A, más de 6 mil millones de pesos al municipio, cesiones que debían ser entregadas para espacio público y no en proyectos de vivienda.

Así las cosas, y pese a todas las incongruencias que había, la constructora Urbacol en ese mismo año, 2023, inició la recepción de los dineros de los beneficiarios que se recaudaron sin el lleno de los requisitos.

En el empalme estas inconsistencias se pusieron en evidencia y ya los Organismos de Control están requiriendo información, por tal razón el alcalde le solicitó al personero municipal citar este jueves a la procuraduría regional para que brinde garantías al proceso.